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Source: diariolajuventud.com.uy

Paraguay es, y ha sido siempre, un país con relaciones especialmente complicadas con sus vecinos. El país, que ha visto mermado su tamaño por las guerras continuas (como la del Chaco, que le enfrentó a Bolivia), se encuentra aislado, aislamiento favorecido por la dictadura del General Alfredo Stroessner quien, pese a dotarse a sí mismo de legitimidad constitucional,  no pudo evitar que Paraguay ocupase un puesto secundario en la escena internacional.

Este hecho cambió radicalmente con la llegada del ex-obispo Fernando Lugo al poder, quien, pese a ser tachado continuamente de “populista”[1] y llenar titulares con procesos sobre filiación de hijos ilegítimos[2] (de su época de obispo) consiguió lo que parecía imposible, que es no sólo posicionar a Paraguay en el mapa del sur de Latinoamérica, sino  legitimarse como un interlocutor válido y veraz.

Sin embargo desde el pasado viernes la posición y respeto ganados por el estado guaraní no volverán, presumiblemente, a ser los mismos. El parlamento paraguayo, en una sesión de control gubernamental referente a los casos de los “toldados” (en los departamentos de Nacunday y Canindeyú, donde fallecieron 11 campesino y 6 policías) ejecutó la opción de un “juicio político” contra el ahora ex-Presidente; proceso que sorprendió y preocupó a la esfera internacional, no sólo por su celeridad, sino por las pocas garantías de defensa que al acusado se dieron. El proceso en sí, kafkiano donde los haya, hizo de Lugo el chivo expiatorio de lo que se venía en llamar el “proceso de cambio” de Paraguay.

La llegada al poder ejecutivo de Lugo rompió la tradición gubernativa del “Partido Colorado” que durante 61 años (incluidos los 35 de dictadura de Stroessner) gobernó el país, representando los antiguos valores (y no quiero sonar demagogo) oligárquicos y burgueses del país. Por esta razón, tras el golpe de estado (real y no encubierto como el del pasado viernes) de 1989 se comenzaron a asentar los cimientos hacia un cambio en el país, que tuvo su cénit con la llegada de Lugo al poder.

El problema del gobierno de Lugo es que tanto el poder legislativo como el judicial siguen siendo “territorio colorado”, por lo que los logros del ejecutivo (como la asistencia sanitaria gratuita o la nueva ley de educación) aunque beneficiosos para la población paraguaya no han sido vistos con buenos ojos. Sin embargo lo que si que hay que agradecer a Lugo es que por fin Paraguay comenzó a mantener relaciones cordiales y amistosas con sus vecinos, cosa que nunca se había dado antes.

El juicio político a Lugo ha determinado una nueva situación de marginalidad para Paraguay, ya que, pese a las protestas y llamadas a consultas de diplomáticos de países “amigos” como Venezuela, la Junta de evaluación del juicio a Lugo no mostró ni un ápice de preocupación por las consecuencias que este, como ha venido en llamarse, “Golpe de Estado encubierto” o el “Caso Zelaya 2.0”, podía representar para los intereses geopolíticos de Paraguay. Las reacciones no han tardado en llegar, y a día de hoy Paraguay no sólo ha sido suspendida de Mercosur (de la que era miembro fundador) y de Unasur, sino que numerosos países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Chile o Argentina han roto relaciones diplomáticas con el país guaraní. La destitución de Lugo, y la investidura de Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al frente de la República darán mucho que hablar en las próximas semanas, y, aparte de las consecuencias anteriormente mencionadas, Paraguay ha recibido una condena de la OEA, al calificar de “juicio sumario” el proceso contra Lugo.

José Enrique Conde